INTRODUCCION
La actividad agricola es una de las importantes de nuestro pais, sin embargo no es una novedad la llamada crisis del campo: tambos que cierran, poblaciones que emigran del campo a la ciudad aumentando las villas miseria, entre otros casos que no nos detendremos a analizar aquí. Esta situacion contrasta con las cifras millonarias derivadas de la exportacion de productos agricolas, especialmente los granos.
Frente a este contexto el primer interrogante que se nos presenta es: ¿por qué algunos actores obtiene mayores utilidades que otros? A lo cual le sigue la siguiente ¿ cual es la solucion?.
El mercado agricola es dominado por quienes organizan la demanda, es decir por intemediarios o bien por quienes transforman la materia prima o dominan la oferta de bienes industriales necesarias para la explotacion agraria. De ahí la necesidad de la intervencion estatal, siendo la manipulacion de los precios el corazon de las politicas agricolas y alimentarias y la reaccion de los gobiernos se ha caracterizado por una suerte de obsesion aceraca de los precios considerados como instrumento de control.
En el presente trabajo expondremos los principales fundamentos de las teorias que propugnan el libre comercio agricola y aquellos que propopnen una mayor intevencion estatal, realizaremos una exposicion de la evolucion de la regulacion del mercado de granos en la argentina a fin de poder brindar un panorama general que nos permita determinar los caminos a seguir para una futura politica agraria tantas veces reclamada por los diversos actores.
El debate sobre el comercio agrícola
La diversidad de posiciones en realidad se explican por las diferentes situaciones productivas. Por un lado, las potencias hemisféricas, canadá y estados unidos, son grandes productores y exportadores globales de productos agropecuarios. Por otro lado, países como argentina, brasil, bolivia y uruguay son exportadores netos tanto de productos agropecuarios como de productos agroalimentarios elaborados a partir de éstos. Un tercer grupo de países está representado por los exportadores netos de productos agropecuarios primarios, pero que importan agroalimentos procesados (destacándose varios países centroamericanos, paraguay, colombia y méxico). Unos pocos son importadores netos de productos primarios pero exportan agroalimentos procesados (por ejemplo, cuba), y finalmente hay otras naciones que son importadoras netas tanto de productos primarios como alimentos (varios estados caribeños y venezuela).
Los grandes exportadores netos de productos primarios y de alimentos procesados se encuentran entre los más interesados en aperturas amplias. Es el caso de argentina y brasil, que presionan por liberalizar todavía más todo el comercio hemisférico. En cambio, las naciones importadoras intentan proteger algunos sectores agrícolas nacionales, y en especial la disponibilidad de alimentos (con situaciones delicadas en colombia y venezuela). Estados unidos discurre por una estrategia doble, busca ampliar sus posibilidades de exportar excedentes pero a la vez condiciona las importaciones de productos procesados (apelando a diversos tipos de trabas), y como canadá, mantiene fuertes subsidios.
A medida que se suman nuevos estudios sobre los impactos de la liberalización del comercio agropecuario queda en claro una situación también compleja (por ejemplo van meijl y van tongeren, 2001). Para los países exportadores netos de productos agrícolas el resultado a nivel nacional puede ser comercialmente positivo en términos de aumentar la producción y lograr venderla; ese es el sueño en las naciones del cono sur. Es posible que ese aumento exportador sea particularmente beneficioso para las agroindustrias y grandes propietarios de tierras; en algunos sectores eso puede aumentar el empleo en la agroindustria. Sin embargo, incluso las empresas agroindustriales de capitales nacionales y parte de los grandes hacendados pueden estar amenazados en tanto podrían ser desplazados por corporaciones transnacionales. En todos los casos, campesinos y productores medios y pequeños no tendrán beneficios o éstos serán muy pequeños.
Sin duda se sumarán otros efectos negativos, en especial por una expansión de la frontera agropecuaria, o un uso más intensivo de la tierra (mayor uso de agroquímicos, riego, etc.), desencadenando un incremento del impacto ambiental. Además, en varios casos la caída de los subsidios puede hacer subir el precio de ciertos alimentos. La liberalización también puede terminar con los programas de accesos preferenciales a mercados que disfrutan algunos países (por ejemplo, los países andinos ante estados unidos).
En el caso de los países que son importadores netos, el impacto en general será negativo. Varios de los alimentos que se deben importar posiblemente sean más caros. En algunos casos podrían haber recuperaciones de la producción nacional, las que quedarían desplazadas por agroalimentos subvencionados más baratos.
Un reciente análisis de la asociación latinoamericana de integración (aladi) (vaillant, 2001), demuestra que los países latinoamericanos que se verían afectados negativamente por el libre comercio con estados unidos y canadá, en los sectores agrícola y agroalimentario, son argentina, brasil, bolivia, paraguay y uruguay. Las mayores amenazas comerciales se dan en argentina y brasil, mientras que son medias en uruguay, y bajas en los demás países. El estudio indica, además, que las compras desde estados unidos y canadá desplazarían al comercio intrarregional, especialmente en argentina, brasil y colombia. En el caso de las exportaciones, los países con menores oportunidades comerciales de ingresar a estados unidos y canadá son bolivia, paraguay, ecuador y venezuela; los que tienen más oportunidades son argentina, brasil y uruguay.
El impacto de los subsidios agrícolas es uno de los ejes de la discusión. La agricultura es por lejos el sector más subsidiado y protegido en el comercio internacional; en el 2000 los países ricos subsidiaban a sus productores por valor de 245.000 millones de dólares, con lo que desplazan las exportaciones de muchas naciones en el sur.
Estas medidas incluyen subsidios y créditos a las exportaciones, pagos compensatorios, precios mínimos a los agricultores, etc. Es ampliamente admitido que las exportaciones subsidiadas distorsionan los mercados internacionales deprimiendo los precios, lo que perjudica a los países exportadores que no las aplican, entre los que se cuentan las naciones latinoamericanas. Si esos subsidios se eliminan, se beneficiarán los países exportadores netos; sin embargo las naciones importadoras netas se perjudicarían debido al aumento de precios internacionales.
En cualquier caso los subsidios a la exportación no pueden modificarse sin cambiar las políticas de ayuda interna, o lo que es lo mismo, de nada vale eliminar esos subsidios si no se modifican, además, los esquemas de asistencia interna que explican excedentes de producción desvinculados del precio internacional. En el alca se busca la reducción o eliminación de esas ayudas.
Sin embargo, en contra del discurso de libre comercio, estados unidos ha aprobado recientemente una ley agrícola (farm bill) que significa un aumento del proteccionismo, tanto de los subsidios como de los niveles de ayuda interna. La norma prevé una asistencia de 175.000 millones de dólares para los próximos 10 años, apuntando a asegurar precios al productor (especialmente en trigo, maíz, soja, arroz y algodón). En los hechos, estas medidas contribuirán inevitablemente a una mayor baja internacional de los productos agrícolas por cuanto seguirá existiendo un estímulo a la producción dentro de estados unidos. De acuerdo a la confederación nacional de agricultura de brasil se estima que la nueva farm bill ocasionar la nueva farm bill ocasionará un perjuicio en los próximos cuatro años del orden de los 10.000 millones de dólares a las exportaciones de productos brasileños.
La farm bill también eleva el nivel de ayuda interna de estados unidos, dejándolo en una mejor posición negociadora frente a los latinoamericanos, donde la asistencia es muy baja. Conviene recordar que en la lista de compromisos para reducción de esas ayudas en la omc se muestra una base de 19.000 millones de dólares para estados unidos, mientras que la de brasil era de 912 millones, la de argentina de 79 millones y la de costa rica de 16 millones de dólares. Una reducción de esas ayudas, por ejemplo, al 50 por ciento, implicaría casi su desaparición en varios países latinoamericanos.
Esta discusión deja en evidencia la necesidad de distinguir entre medidas legítimas y otras perversas. Los apoyos de washington casi siempre representan los llamados "subsidios perversos": la mayor proporción de la asistencia va a parar a agricultores y empresas con altos ingresos, mientras que los de bajos ingresos reciben una mínima parte de la ayuda (el 80 por ciento de los granjeros reciben solo el 16 por ciento de la ayuda, mientras que el resto va a las grandes empresas), y por lo general están desacoplados de la calidad ambiental. Sin embargo, otros subsidios pueden ser legítimos (por ejemplo, para remontar la pobreza de las familias rurales o la reconversión productiva hacia la producción orgánica).
Sin embargo, en las negociaciones del alca no existen mecanismos para distinguir entre estos dos tipos de ayuda, y por el contrario, muchos gobiernos latinoamericanos critican todo tipo de subsidios, olvidando que sus campesinos y pequeños productores son justamente los que más necesitan esos apoyos legítimos. La propuesta del alca tampoco ofrece mecanismos adecuados para atacar las ayudas internas que terminan beneficiando a las corporaciones, ni formas para enfrentar la conformación de oligopolios en el comercio agropecuario.
Estos ejemplos muestran que la agenda agropecuaria del alca es tensionada y contradictoria. Quienes proclaman el libre comercio montan restricciones y subsidios, y quienes deberían fortalecer protecciones con sentido social y ambiental las atacan. Unos y otros no promueven mecanismos de regulación en cuestiones claves como las prácticas de dumping (y las de antidumping de estados unidos), regulaciones antitrust y la competencia entre las compañías. Los gobiernos del sur, que deberían defender sus ventajas ecológicas comparativas para una producción agroalimentaria más sana, están obsesionados en combatir las regulaciones de calidad en el comercio. Y unos y otros esperan poder desembarazarse de nuevas perspectivas, como el principio precautorio.[1]
bajo estas circunstancias, la marcha de las negociaciones del alca son preocupantes. Se observan situaciones paradojales a cada momento: estados unidos y canadá buscan imponer una agenda asimétrica que los beneficia, y contra eso reaccionan países clave como brasil o argentina, intentando defender su producción agropecuaria, pero sin estar dispuestos a mejorar sus estándares sociales o ambientales. Entretanto, países como colombia o méxico dejan en suspenso cualquier coordinación latinoamericana esperando pequeñas ventajas comerciales en el corto plazo. En cualquier caso, la marcha de las negociaciones está muy lejos de las necesidades del ambiente, y de las familias rurales de nuestro continente.[2]
CRITICAS AL LIBRE COMERCIO AGRICOLA
El libre comercio solamente beneficia a las agroempresas que pueden producir, transformar y comerciar internacionalmente. Ya sea 1/ Produciendo los insumos agrícolas o las materias primas alimentarias (Commodities), 2/ Transformando las materias primas agroalimentarias en alimentos manufacturados o 3/ Comerciando con todo ello a nivel mundial. El beneficio es para las grandes explotaciones agrícolas y
El libre comercio a través de la competencia desigual entre productores de distintas regiones del mundo destruye la agricultura y la ganadería y las transforma en agroindustria, producciones industrializadas de materias primas alimentarias en manos de unas pocas grandes explotaciones o directamente de las empresas del agrobusiness. Argentina ha perdido el 25% de sus explotaciones agrarias desde que ha incrementado sus exportaciones agrícolas, el 34% en la zona agroexportadora de soja por excelencia. España ha perdido el 50% de población agraria en 15 años (1988-2003) y el 40% de las explotaciones En México 15 millones de agricultores y sus familias han quedado excluidos del mercado agrícola una vez este país ha liberalizado su mercado de maíz con el TLC con América del Norte[3].
HISTORIA DEL COMERCIO DE GRANOS EN ARGENTINA
De acuerdo con Gravil, el cultivo cerealero en
Estas medidas, por cierto, estimularon el crecimiento en los volúmenes de las exportaciones agrícolas durante la década, que pasaron de 9.278.809 de toneladas en
El crecimiento de las exportaciones agrícolas sobrepasó en gran manera al de otros grupos de exportaciones. Sobre un volumen total de exportaciones de 11.027.493 de toneladas en 1930, las agrícolas representaron 9.278.809 toneladas, mientras que las ganaderas tuvieron un volumen de sólo 1.212.334 toneladas. Los volúmenes de exportaciones de productos forestales y minerales fueron aún de menor importancia. En 1933, sobre un volumen total de 13.776.607, las exportaciones agrícolas alcanzaron un volumen de 12.094.484 toneladas, mientras las ganaderas sólo sumaron 1.151.424 toneladas. Y en 1937, sobre un total de 18.235.425, los volúmenes respectivos fueron de 16.316.009 toneladas y 1.275.912 toneladas.En términos de valor, también las exportaciones agrícolas superaron a las ganaderas a lo largo de la década, no obstante lo cual es muy significativo el valor de las últimas en relación a su volumen. Sobre un total de 614.104.000 pesos oro para 1930, las exportaciones agrícolas tuvieron un valor de 322.896.000 pesos oro y las ganaderas uno de 262.597.000 pesos oro. En 1937, un año particularmente excelente para las exportaciones agrícolas, éstas alcanzaron un valor de 654.968.000 pesos oro sobre un valor total de exportaciones de 1.016.839.000, mientras que el de las exportaciones ganaderas fue de 320.262.000 pesos oro. Si se toma en cuenta la participación porcentual de las exportaciones agrícolas y ganaderas en relación con el valor total de las exportaciones, en 1930, las exportaciones agrícolas representaron 55,5% del valor total de las exportaciones argentinas, frente a 41,2% de las ganaderas. El porcentaje más alto de participación del sector agrícola en la década se dio en 1932, con 65,8% del total de las exportaciones, mientras el sector ganadero representó 30,5%. En 1937 las exportaciones agrícolas alcanzaron otro pico, con 64,5% frente a 31,5% de las exportaciones ganaderas, y el punto más bajo de la década se dio al año siguiente, cuando el valor de las exportaciones agrícolas fue de 47,5% frente a 45,5% de las ganaderas.
Gravil sostiene que durante la década de 1930 las exportaciones argentinas de productos agrarios experimentaron una sostenida recuperación sobre la base de la diversificación de los mercados de colocación. Hubo factores que por cierto incentivaron esta positiva recuperación del comercio argentino de granos: las medidas anteriormente mencionadas de control estatal, y, posteriormente, el estímulo adicional que significó el debilitamiento de los controles sobre la importación en Gran Bretaña a partir del estallido de
En lo que respecta al volumen de las exportaciones agrícolas argentinas enviadas al Reino Unido, se destacaron en primer lugar las de maíz, que sin embargo declinaron de 3.015.992 toneladas en
En términos de valores, las exportaciones argentinas hacia el Reino Unido durante la década de 1930 registraron la tendencia inversa a la apuntada para el conjunto del comercio exterior argentino, donde las exportaciones agrícolas superaron en valor y en volumen a las ganaderas. Mientras en 1933 el valor de las ventas de productos agrícolas fue de 194.191.227 pesos moneda nacional, el de los productos ganaderos fue de 211.402.184. Sólo en 1934 las exportaciones agrícolas hacia el Reino Unido, con un valor de 313.767.946 pesos moneda nacional, superaron a las ganaderas, con uno de 231.587.566 pesos moneda nacional. Con esta expresa excepción, se mantuvo a lo largo de la década el predominio del sector ganadero sobre el agrícola en las exportaciones argentinas hacia Gran Bretaña. En 1937 las exportaciones agrícolas alcanzaron su valor más alto: 326.433.935 pesos moneda nacional.
Por otra parte, el creciente éxito de los granos argentinos en los mercados de ultramar fue un factor que por cierto estimuló al gobierno a reconsiderar su adhesión al Acuerdo Internacional del Trigo. Este acuerdo tuvo su origen en una propuesta argentina presentada en enero de 1933 en una sesión preliminar de
La limitación de las exportaciones de granos no pareció en ese momento onerosa para el gobierno argentino, pues no existía acopio en el país y los pronósticos de la cosecha correspondiente eran pobres. Por lo tanto, la gestión de Justo consideró conveniente firmar el acuerdo en agosto de 1933. Pero ya hacia diciembre de dicho año se hizo evidente que el excedente exportable del año superaría la cuota establecida por el acuerdo. Además, el proteccionismo del Canadian Wheat Pool había obligado a los molineros británicos a recurrir crecientemente al trigo argentino de manera que la harina británica de alta calidad pasó a contener 40% de trigo argentino. Argumentando que la pobre cosecha triguera de Estados Unidos no le permitiría a este país llenar la cuota de exportación y que de todos modos los países europeos no observaban el acuerdo -Rusia no daba el menor síntoma de querer cooperar-, el gobierno argentino rompió lo convenido y exportó un volumen tope de trigo en 1934. El volumen de exportaciones trigueras creció de 3.929.223 toneladas en
Asimismo, las exportaciones de maíz y de linaza, aún más significativas que las de trigo, consolidaron la posición de
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BREVE REFERENCIA ACERCA DE
Después de la gran depresión mundial de 1929, que llevó a a la crisis de los mercados internacionales, las exportaciones de carne y las ganancias de los ganaderos argentinos se vieron fuertemente afectadas.[1] Ello llevó a los gobiernos conservadores de la llamada década infame (1930-1943) a adoptar una serie de medidas y de acuerdos internacionales, caracterizadas por la intervención del Estado en la economía, destinadas a preservar mercados y niveles de ganancia de los ganaderos, como el conocido Pacto Roca-Runciman entre la Argentina y Gran Bretaña.
En el marco de esa política, el gobierno del presidente Agustín P. Justo envió al Congreso en 1932 dos proyectos de ley para crear una Junta Nacional de Carnes que regulara el mercado, y un frigorífico estatal. Los dos proyectos fueron unificados y sancionados en septiembre de 1933 como Ley Nº 11.747, conocida con el nombre de "Ley de Carnes".[8]
La dirección de
· Dos miembros elegidos por
· Dos miembros elegidos entre las demás sociedades rurales
· Un miembro elegido por los frigoríficos privados
· Un miembro que no tuviera intereses en la producción y comercio de la carne
· Tres miembros elegidos por los industriales y comerciantes de carne del interior del país y por los transportistas marítimos y terrestres.
En 1941
En la década de 1940, se modificó la composición corporativa de
En 1991, como parte de la reforma económica dispuesta por el presidente Carlos Menem y llevada a cabo por el ministro Domingo Cavallo, siguiendo los lineamientos desreguladores del Consenso de Washington, por el decreto Nº 2284/91 se disolvió
EL COMERCIO DE GRANOS TRAS
La desaparición del organismo, en 1992, no fue una traba para el crecimiento de la agricultura argentina.
cuando en 1992 la ley de convertibilidad disolvió, entre otros organismos, la junta nacional de granos, muchos pensaron que se venía el mundo encima. Creada en los años 30 para defender a los productores de la caída de los precios, parecía que se habían convertido en indispensables.
Pero los hechos demostraron lo contrario. Desde su liquidación, la producción agrícola argentina, que exhibía una lentísima tasa de crecimiento, comenzó a crecer a los saltos. Pasó de 43 millones de toneladas, a las casi 100 cosechadas el año pasado.
En otras palabras, más que se duplicó en volumen. Pero mucho más en valor, porque ahora la mitad es de soja, que vale el doble que los cereales tradicionales (trigo y maíz fundamentalmente). Estos datos subrayan --con gruesos trazos de evidencias-- que la supresión de la jng no fue un ancla para el avance agrícola.
Más bien, permitió soltar amarras. La supresión de la jng fue acompañada por la desregulación del sistema portuario. Al permitirse una operación más plena de los agentes globales del negocio, fluyó una gigantesca corriente de inversiones hacia el sistema agrícola argentino. Con un aporte de más de 5.000 millones de dólares, en pocos años se levantó a la vera del río paraná, al norte y al sur de rosario, el complejo agroindustrial más competitivo del mundo. Allí se procesa hoy la mayor parte de la soja, que sale al mundo convertida en harinas proteicas y aceite.
Para quien quiera hacer el ejercicio, vale la pena pegarle una miradita a este complejo desde el google earth. Más de veinte plantas aceiteras, con sus propios muelles de embarque, desfilan desde puerto gaboto, 50 kilómetros al norte de rosario, hasta zárate. Promedian menos de diez años de edad. Hoy, la capacidad instalada de este complejo permite procesar casi toda la cosecha argentina.
La expansión sojera fue crucial para superar las dificultades de los 90, salir de la crisis del 2002 y permitir la recuperación económica posterior. En este boom de la soja, la vieja junta nacional de granos tuvo poco que ver. Es el producto más dinámico desde hace veinte años, como consecuencia de la explosión de la demanda mundial de carnes de todo tipo. No hizo falta la jng para que los chacareros descubrieran los secretos de su cultivo. Ni para los genetistas, que generaron las variedades adecuadas.
Es cierto que la producción de soja se triplicó, pero también lo es que el maíz creció un 70% y el trigo un 50% hasta el 2008. Simultáneamente, el dragado y balizamiento de la hidrovía del paraná permitió que los grandes buques graneleros, que antes no podían ingresar, llegaran hasta donde está la carga (con epicentro en rosario). Se llevó la profundidad de 24 a 36 pies, removiendo 300 millones de metros cúbicos. En tiempos de la jng, los barcos grandes no entraban. Todo se hizo con el aporte del capital privado y por peaje.
Todos los años, visitan la argentina los productores estadounidenses de maíz y soja, los trigueros franceses, los alemanes, hasta los rusos. Quieren saber en qué se basó el crecimiento agrícola de la argentina, aquel gigante dormido.
Esto es lo nuevo. Los últimos silos de la jng databan de los años 40. En los años 80, con 30 millones de toneladas, cuando llegaba la cosecha los granos se volcaban al suelo en inmensos montones. Hoy los silos privados atajan una producción tres veces superior. No se ve un sólo grano en el piso. Todo esto ocurrió en un marco de creciente libertad comercial. Se expandió la operación de los mercados a término. En síntesis, el sector privado aprendió a operar en un mercado ágil y moderno.
Si algo hacía falta, era facilitar su funcionamiento, y garantizar su transparencia. No parece ser esta la intención de un gobierno que deja entrever que su objetivo es crear un sistema "mixto", en el que convivan el estado y el comercio privado. El antecedente cercano de la estatización de los fondos de las afjp (cuando convivía el sistema privado con el de reparto) induce a pensar que la estatización del comercio de granos es la última estación. Un experimento incomprensible, porque al estado no le había ido mal: solo por retenciones recaudó 20.000 millones de dólares en los últimos cinco años.
RECREACION DE
El objetivo es crear o, podríamos decir, recrear
Como vemos, una vez más, nos encontramos frente a un perjuicio más que se genera a partir de la ley 23696, (Privatizaciones y Participación del capital privado. Programa de propiedad participada, protección del trabajador, contrataciones de emergencia, contrataciones vigentes, Situación de emergencia en las obligaciones exigibles, Plan de emergencia del empleo, disposiciones generales, ampliación del proyecto, mensaje 367 del 25-7-89. - diario de sesiones senado 26 y 27-7-89, pgs.1278. fe de errata, b.o. 25-9-89. promulgada por dec.562 del 18-8-89) que le otorga facultad al Poder Ejecutivo Nacional para que tome medidas relacionadas fundamentalmente en delegar en manos privadas la producción y la riqueza de nuestro país, entre otras cosas.
Si hacemos un poco de historia, vemos que pasa "mucha agua bajo el puente" entre el año 1825, momento en el que se produce la llegada de los primeros colonos, luego viene la fundación de la primera Colonia Esperanza en Santa Fe con emigrantes europeos, desde 1878 produce el primer saldo exportable de trigo y se realizan los primeros embarques, aparecen los mercados de granos, hasta que llegamos al año 1935 donde, mediante la promulgación de
Si bien el origen proviene de una idea llevada adelante en la conocida como "Década Infame" por los sucesos acaecidos en lo político-social, en donde la lucha del campo pasaba esencialmente con los problemas que tenían los ganaderos y los frigoríficos, llegando de esa forma al controvertido tratado Roca-Runciman sobre comercialización de carne congelada, firmado entre nuestro país y Gran Bretaña, creemos que la gran crisis mundial imperante, que afectaba principalmente a nuestra producción por la baja en los precios de las materias primas y que tuvo su pico más alto en el año 1932, llevó a esos gobiernos conservadores a tomar medidas para proteger las fuentes genuinas de la riqueza. Y en ese escenario se crea
Hace dos años que estábamos pensando en este proyecto, a pesar de los momentos de bonanzas que vivía el sector agrícola, tal vez porque no nos queda claro, si el esplendor de los precios internacionales llegaba a todos los rincones de nuestro territorio o se distribuía entre unos pocos, o porque la experiencia nos demuestra que los ciclos económicos son más cortos; y que en algún momento podíamos enfrentar este escenario de crisis internacional, tan o más profunda que la del ´30, que requiere como sucedió en aquel momento la intervención del Estado, porque así reaccionaron y están reaccionando todos los países del mundo para sostener sus economías.
FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y OBJETIVOS
tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
1 Ejercer el control de todas las instituciones o entidades que intervengan directa o indirectamente en el comercio interno o exterior de cereales, oleaginosas y sus subproductos, las que deberán ajustar sus actividades a lo dispuesto en este decreto y a las reglamentaciones pertinentes que expida el Poder Ejecutivo;
2 Autorizar y controlar el funcionamiento de todos los medios que se utilicen en el comercio de cereales, oleaginosas y sus subproductos para pesar, medir, mejorar, conservar y analizar los mismos;
3 Fiscalizar el pesaje de los cereales, oleaginosas y sus subproductos en el acto de la entrega o recibo de los mismos, en cualquier etapa de su comercialización, manipulación o transporte;
4 Hacer las investigaciones necesarias para comprobar si se viola la ley 12906, la ley 22262 y la ley 25156, en cuanto a la producción, comercio e industrialización de cereales, oleaginosas y sus subproductos, y formular, en su caso, las denuncias pertinentes;
5 Autorizar el embarque o carga de los cereales, oleaginosas y sus subproductos que se exporten, debiendo prohibirlo cuando la mercadería o las operaciones respectivas no se ajusten a las disposiciones vigentes;
6 Reglamentar los contratos de compra-venta de cereales, oleaginosas y sus subproductos, uniformando sus procedimientos de acuerdo a la técnica moderna, a los intereses de la producción, del comercio, de la industria y del consumo del país y a los requerimientos del exterior;
7 Establecer las condiciones que deberán reunir todos los medios de transporte de cereales, oleaginosas y sus subproductos para que los cargamentos lleguen a destino en buenas condiciones;
8 Realizar durante el viaje de los cargamentos o en destino, los estudios y comprobaciones experimentales que se requieran a fin de adoptar oportunamente las medidas necesarias para que los cereales, oleaginosas y sus subproductos en su normal evolución organoléptica no sufran alteraciones físicas, químicas y biológicas. Para ello podrá utilizar los servicios de funcionarios oficiales o de empresas técnicas especializadas;
9 Realizar las investigaciones para conocer las necesidades y características de los mercados de consumo de cereales y oleaginosas, como también los costos de comercialización y de industrialización de los cereales, oleaginosas y sus subproductos;
10 Elaborar estadísticas técnico-comerciales necesarias para perfeccionar las transacciones y clasificación de los cereales y oleaginosas para el asesoramiento y difusión de las calidades de los mismos en el interior y exterior del país;
11 Determinar los procedimientos más convenientes y, supeditadas a la aprobación de
12 Establecer la clasificación de los cereales y oleaginosas, graduando las calidades, determinar límites de zonas, si fuere conveniente fijarlas; y variar unas u otras cuando sea necesario;
13 Dictar normas para que en todos los actos en que se haga mención a calidades de los cereales y las oleaginosas, éstos se expresen de acuerdo a la clasificación oficialmente establecida;
14 Establecer los requisitos a los que deberán ajustarse quienes expidan certificados de depósito de cereales y oleaginosas, y a ejercer su fiscalización;
15 Expedir certificados de calidad y de depósito y establecer los requisitos que deberán reunir los que expidan terceros autorizados;
16 Resolver, en última instancia, todas las divergencias referentes a las constancias de los certificados de cereales y oleaginosas, las que podrán ser apelables en la forma y ante los organismos que se establezcan en la reglamentación de este decreto;
17 Asesorar al agricultor sobre la clasificación de los cereales y oleaginosas, y la reglamentación de su compraventa;
18 Organizar en todo el territorio nacional y en el exterior una propaganda permanente, destinada a difundir el conocimiento de los cereales, oleaginosas y sus subproductos que produzca el país y la correcta aplicación de las normas de comercialización y conservación;
19 Divulgar informaciones de interés público sobre la producción y comercio de cereales, oleaginosas y sus subproductos en los mercados internos y externos;
20 Proponer al Poder Ejecutivo los precios mínimos a fijar para los distintos cereales y oleaginosas y las normas de aplicación;
21 Cuando el Poder Ejecutivo lo disponga, ejercer el comercio interno o externo de aquellos cereales, oleaginosas y de los productos y subproductos en cuya compraventa el Estado Nacional decida intervenir en defensa de la producción o cuando la regulación del mercado lo hiciere necesario, pudiendo, en el ejercicio de ese comercio, realizar toda clase de operaciones, al contado o a plazos, fijar intereses, acordar quitas y esperas, hacer uso del crédito, constituir derechos reales y aceptar bienes muebles en inmuebles y créditos en pago;
22 Fijar, con aprobación del Poder Ejecutivo, los precios mínimos de los cereales, oleaginosas y sus subproductos en las ventas al exterior, teniendo especialmente en cuenta los tratados y convenios internacionales;
23 Intervenir con su asesoramiento en la fijación de la política cambiaria en cuanto se relacione con la exportación de cereales y sus subproductos;
24 Asesorar a las entidades bancarias oficiales en los planes de créditos a la producción, al comercio y a la industria de cereales y oleaginosas;
25 Intervenir con su asesoramiento en el trámite, discusión y cumplimiento de los acuerdos o convenios internacionales que concierte el Estado Nacional, así como de los contratos de compraventa de cereales, oleaginosas y sus subproductos que el mismo celebre directamente con Estados extranjeros;
26 Intervenir con su asesoramiento en la fijación de la política impositiva del Estado, en cuanto se refiere a la producción y comercio de cereales, oleaginosas y sus subproductos;
27 Fijar, con aprobación del Poder Ejecutivo, los cupos de exportación para los cereales, oleaginosas y sus subproductos;
28 Administrar los elevadores locales y terminales, silos y demás instalaciones de recepción, almacenamiento, acondicionamiento y embarque de cereales y oleaginosas que integren la red de elevadores y depósitos del Estado;
29 Determinar la ubicación y características generales de los elevadores locales y terminales, silos y demás instalaciones de recepción, almacenamiento acondicionamiento y embarque de cereales y oleaginosas que integren la red oficial; fijar las normas de su funcionamiento; realizar las obras de conservación, reparación y ampliación de las mismas;
30 Asegurar directamente, o mediante convenios con compañías responsables y acreditadas, sus propias instalaciones y todo lo que se almacene en las mismas;
31 Autorizar la construcción y explotación de elevadores locales y terminales, silos y demás instalaciones de recepción, almacenamiento, acondicionamiento y embarque de cereales y oleaginosas, con sujeción a las disposiciones dispuesta en la reglamentación de la presente ley;
32 Organizar las dependencias y servicios de
33 Proyectar su presupuesto y elevarlo para su consideración al Poder Ejecutivo a los efectos de la aprobación por el H. Congreso de
34 Vigilar el cumplimiento de la presente ley y de los decretos que se expidan en su consecuencia.
Objetivos.
a) Controlar el comercio de cereales, oleaginosas y sus subproductos.
b) Garantizar la provisión interna de cereales, oleaginosas y sus subproductos, independientemente de lo que suceda en el mercado externo;
c) Tomar medidas activas con el fin de evitar los monocultivos;
d) Producir una concientización en los productores para que proyecten sus siembras en función de los saldos de exportación o importación de cada grano, garantizando la estabilidad interna de sus precios;
e) Desarrollar políticas que fomenten el aumento de valor agregado en las materias primas producidas en nuestro país;
f) Promover el empleo industrial
g) Favorecer a los pequeños y medianos productores.
Todo organismo que permita igualar las oportunidades de los productores debe ser apoyado, sin embargo se presenta el interrogante de cómo estara formado y cuales seran las pautas de su accionar.
No ha de creerse sin embargo que la creacion de un nuevo organismo (o reflotamiento de uno antiguo) actuara como remedio magico frente a la coyuntura nacional e internacional, pues sera sin mas otro intento vacio de contenido si no va acompañado de una politica que favoresca la produccion, mejore la competitividad e iguale las oportunidades de pequeños y grandes productores, ya sea a traves de subvenciones, exenciones fiscales, etc.
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http://www.nodo50.org/tortuga/Falsos-mitos-del-libre-comercio
http://www.redtercermundo.org.uy/tm_economico/texto_completo.php?id=180
[1] http://www.redtercermundo.org.uy/tm_economico/texto_compl
[2] Eduardo Gudynas y Gerardo Evia El debate sobre el comercio agrícola No. 164/165 - Enero/Febrero 2003 Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA)
[4] Ver al respecto Roger Gravil, "State Intervention in Argentina's Export Trade between the Wars", Latin American Studies, 2, 2, Great Britain, Nov. 1970, pp. 156-157, quien cita las siguientes fuentes: Banco Tornquist, Business Conditions in the Argentine Republic, Report Nº 201, enero de 1934, p. 22, y "British Chamber of Commerce in the Argentine Republic", en Monthly Journal, XIV, 31 de febrero, 1934, p. 19. El control de cambios establecido a partir del 10 de octubre de 1931 implicó un racionamiento de las escasas divisas disponibles y una manipulación de los tipos de cambio por parte del gobierno argentino. Apuntó a erradicar la especulación en el mercado cambiario, evitar una mayor depreciación del peso y permitir al gobierno argentino cumplir con el servicio de la deuda pública nacional en el exterior. Esta política fue instrumentada por una Comisión de Control de Cambios con amplias facultades para supervisar todas las remesas de divisas al exterior, fijar los tipos de cambio oficiales comprador y vendedor y distribuir el monto de divisas disponibles. Esta distribución se realizó en la práctica de acuerdo a un orden de preferencias establecido con anterioridad y en forma explícita por el Ministerio de Hacienda. Dicho orden de prioridades fue el siguiente: en primer lugar, la cartera económica ubicó a las demandas del gobierno y las empresas estatales para atender el servicio de sus deudas en el exterior; en un segundo lugar de prioridades estableció el pago de ciertas importaciones indispensables y ciertos bienes de consumo vitales para la economía argentina; en un tercer lugar fijó las remesas de bancos, casas comerciales y compañías de servicios públicos extranjeras para cancelar obligaciones financieras en el exterior; en un cuarto lugar de importancia, las necesidades de divisas de extranjeros, y en un quinto y último lugar de oportunidades, el Ministerio de Hacienda colocó el pago de importaciones no esenciales o consideradas de lujo. Ver Raúl García Heras, "Las compañías ferroviarias y el control de cambios en
[5] Anuarios del Comercio Exterior de
[6] Anuarios del Comercio Exterior de
1. [7] Datos del Anuario del Comercio Exterior, año 1940, y Revista de
[8] · Cisneros, Andrés; Escudé, Carlos (2000). "El comercio de carnes. El período 1934-1939", Historia de las Relaciones Exteriores Argentinas, CEMA.
[9] CSJN, Fallos 199:483
[10] Clarín 3/3/2009
